Teniendo en cuenta que nuestro despacho se ha declarado como un servicio esencial conforme a los puntos 15 (abogados para actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) y 16 (servicios en despachos y asesorías legales en cuestiones urgentes) del Anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, hemos adoptado un PROTOCOLO frente COVID-19 de actuación mientas dure el estado de alarma y que ya veníamos haciendo conforme al mismo, para garantizar la adecuada prestación de nuestros servicios.

Ante la gran profusión de reales decretos, órdenes y órdenes del Gobierno, resoluciones e instrucciones del Ministerio de Justicia, acuerdos del Poder Judicial, decretos y notas de servicio de la Fiscalía General del Estado, resoluciones, órdenes e instrucciones autonómicas y notas de prensa, el Ministerio de Justicia ha abierto esta página de servicios esenciales con todas las resoluciones de la Administración de Justicia.

En general, se pueden consultar todas las medidas del Estado de Alarma a través de esta página más general.

También el Ministerio de Justicia difunde un Protocolo de actuación para la coordinación de los riesgos laborales ante el COVID19, que puede servir de guía para todos los centros de trabajo y establece un mecanismo escalonado de comunicación de incidencias para controlar la propagación del virus, así como las instrucciones precisas que se deben seguir en los centros de trabajo tanto para la prevención como en la detección de casos positivos o de indicación de aislamiento

Del mismo modo, ya anunciamos la creación específica en el BOE de legislación estatal y autonómica ligada a la crisis del COVID-19.

Por otro lado, se ha publicado una INSTRUCCIÓN para las actuaciones notariales urgentes.

El Consejo General del Poder Judical inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma para evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables.

No obstante, ello no elimina la improvisación y la descoordinación entre administraciones, así como los fallos en sus páginas oficiales al objeto de enviar documentación, información y hacer gestiones esenciales. Tenemos el ejemplo de la publicación del 1 de abril de «El Correo» por el que se anunciaba en principio que hacía falta que los afectados por ERTE se diesen de alta en los Servicios Públicos de Empleo y ese mismo día se rectifcaba: noticia.