Con fecha de 29/03/2020, sale publicado en el BOE-A-2020-4166 nuevas medidas restrictivas, obligando a aquellos trabajadores que presten sus servicios en actividades no esenciales a quedarse confinados en casa, aprobándose y creándose un nuevo «permiso retribuido recuperable» a costa de las empresas desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, con lo que seguirán cobrando su sueldo a final de mes y debiendo recuperar las horas de ese periodo paulatinamente en el tiempo mediante acuerdos o convenios de empresa hasta el 31 de diciembre.

Medidas sacadas con mucha improvisación sin un rumbo claro y definido, actuando tardíamente y mal en algunos aspectos, sobre todo fiscal y laboralmente hablando, con grandes deficiencias técnico-jurídicas y dejando desconcertados a varios sectores.

Adjuntamos una Tabla Comparativa Tributaria de las medidas adoptadas hasta el día de hoy vigentes antes de analizar la medida de ayer publicada como «permiso retribuido recuperable».

La prioridad de la regulación referida en esta norma es limitar al máximo la movilidad, complementando las medidas de distanciamiento social, y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad.

El Real Decreto-ley referido regula un permiso obligatorio retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal en su anexo, quedando exceptuados las personas trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia.

Y, ¿qué pasa con los autónomos de dichas actividades no esenciales? ¿Pueden trabajar? ¿Pueden cobrar la prestación por cese?

Se está de acuerdo con lo manifestado por CEOE y CEPYME, pues “…las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas este viernes [Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, publicado el 28/03/2020] en el Consejo de Ministros extraordinario van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo”, añadiendo que “…no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores”; “Además, cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado. Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción”.

Es cierto que existe en estos momentos un desconcierto total en la actividad empresarial, máxime con el parón obligado decretado. Conforme indica CEOE, “Es imprescindible que esta medida vaya acompañada de otras que eviten un agravamiento de la situación ya dramática que atraviesan las empresas, entre otras pymes y autónomos españoles, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva”.

Del mismo parecer, “Confebask y sus asociaciones miembro – Adegi, Cebek y Sea- quieren mostrar su rechazo más absoluto ante una medida que, con toda seguridad, sólo contribuirá a hacer más profunda y grave la crisis socio-económica a la que ya nos estamos enfrentando a consecuencia de la expansión del coronavirus. Con todas estas consideraciones, Confebask y sus asociaciones miembro – Adegi, Cebek y Sea- no pueden más que denunciar públicamente un comportamiento altamente irresponsable e irreflexivo que amenaza muy seriamente con provocar una crisis económico y social sin precedentes”.

Había que haberse marcado un proceso con medidas en cada hito e ir desarrollándolas con certeza y con actuaciones profesionalizadas, lo cual no está ocurriendo en la actualidad, aunque ahora no es el momento de enjuiciarlas, sino después que se levante el estado de alarma.

Recogemos las actividades esenciales:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1 (establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio), 10.4 (servicios de entrega a domicilio de actividades de hostelería y restauración), 14.4 (transporte de mercancías), 16 (tránsito aduanero), 17 (suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural) y 18 (protección de infraestructuras críticas), del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.
6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros. De acuerdo a la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, del Ministerio de Sanidad (BOE 30/03/2020), se prohíben los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, así como en los domicilios particulares, y se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de la participación en una comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida restringiéndose a un máximo de tres familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto, pero, en todo caso, se deberá respetar siempre la distancia de uno a dos metros entre ellos.
13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caso puedan acordarse.
16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.