Con fecha de sábado 28/03/2020, se publica la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, con la obligación del Gobierno de remitir semanalmente al Congreso de los Diputados información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social, dictándose el correspondiente Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por la Ministra de Presidencia. Todo ello en el BOE de 28/03/2020.

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha adoptado el 26/03/2020 distintas medidas, entre las que destacan que se extiende hasta el 1 de junio de 2020 el plazo voluntario de presentación de autoliquidaciones y declaraciones, incluyendo aquéllas que deban tramitarse obligatoriamente en la sede electrónica de la Hacienda Foral,para autónomos, microempresas y pequeñas empresas. Asímismo la Hacienda Foral de Bizkaia aplazará un año, hasta el uno de enero de 2022, la implantación obligatoria del sistema Batuz, de control integral de las actividades económicas y de asistencia al contribuyente, y la voluntaria hasta el 01/10/2020; el aplazamiento hasta 2022 conlleva así mismo un incremento del plazo en el que los contribuyentes podrán aplicar las deducciones para todos aquellos gastos de adopción de Batuz, pues, además de considerarse como gasto, reduciendo la base imponible, se podrá aplicar una reducción en cuota del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades del 30% de los gastos realizados en 2020 y 2021.

También este sábado 28 de marzo de 2020 se publica en el BOE-A-2020-4152 el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, a saber:

  • Se entenderán como servicios esenciales los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio de Sanidad, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, debiendo mantener su actividad obligatoriamente.
  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido, es decir, aquellos supuestos que tengan relación con el COVID-19.
  • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas con relación al COVID-19, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquéllas. Deberá remitirse electrónicamente en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente. La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
  • En referencia a la cooperativas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.
  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas relacionadas con el COVID-19, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por éstas.
  • Se delimita expresamente que la duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor a causa del COVID-19 no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del estado de alarma, tanto para los que recaiga resolución expresa o sean resueltos por silencio administrativo.