Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que la situación en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.

Y el Consejo de Ministros ha decretado la declaración de estado de alarma el 14/03/2020 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzoBOE-A-2020-3692, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, consecuencia de la pandemia de coronavirus, obligando en toda España a estar en casa.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece una serie de medidas y, entre otras, éstas son las más significativas:

La Autoridad Competente será el Gobierno central (art. 4), bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno; su artículo 7 limita la libertad de circulación de las personas en las vías de uso público para determinadas actividades de primera necesidad; el artículo 8 permite requisas temporales y prestaciones personales obligatorias; el artículo 9 establece medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación; el art. 10 suspende la apertura al  público de todos los locales y establecimientos minoristas (art. 10), a excepción  de algunos prioritarios, pudiéndose además  suspender cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio; se establecen medidas de contención para actos religiosos; los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir (art. 19); se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, a salvo las de carácter urgente e inaplazables; también se suspenden los plazos administrativos, así como los de prescripción y caducidad; finalmente quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles.

Y todo ello con una duración de quince días naturales (art. 3) que se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados.