Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (BOE 5 junio 2013)

Ello conlleva la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

En conjunto, esta nueva ley contiene once artículos que se destinan a dar prevalencia a los derechos inscritos frente a los no inscritos.

Tal es así, que tenemos el claro ejemplo en el refuerzo de la libertad del pacto, en que se recortan de 5 a 3 años la duración del arrendamiento y que se pretende por parte del legislador dar más seguridad jurídica reforzando los derechos inscritos (Arts. 7, 10, 13, 14.2)

El artículo 25 establece que se permite el derecho de compra preferente al inquilino (antes sólo se daba si duraba el arrendamiento más de 5 años).

Así como el artículo 9 que viene a establecer que el arrendador podrá recuperar la vivienda en ciertos casos por necesidad, sin hacerlo constar en el contrato.

Por ello, las novedades más importantes que introduce la ley son:

–      Recorte de duración del arrendamiento

–      Facultad del propietario de recuperar la vivienda sin hacerlo     constar en el contrato.

 

Tanto es así que habría que poner la cláusula de “por muerte del arrendatario antes de tres años podrán resolver el contrato” para que el artículo 6 de la Ley de 1994 no lo anule.

Artículo 6 Naturaleza de las normas

Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice.

Duración: tres años. Transcurrido el primer año el propietario va a poder recuperar la vivienda. Se va a prorrogar por un año si ninguna de las partes preavisa.

ANTES: 5+ 3 AÑOS

AHORA: 3+ 1 AÑO

RENTA: se introduce la novedad que viene a permitir sustituir el pago de la mima por rehabilitación de la vivienda. Lo mejor se pague en CASH!. El C. Civil sólo habla de la falta de pago de rentas.

 

Agilización del ‘desahucio exprés’: En caso de morosidad, incluso con un solo mes de impago, (el inquilino tiene diez días de plazo para pagar desde que recibe el requerimiento de abono), se rescinde el contrato y se inicia el procedimiento de desahucio. El desalojo podrá efectuarse a los diez días, reduciendo los trámites y notificaciones. Por otro lado, el inquilino puede “enervar” la acción y evitar el juicio y el consiguiente desahucio si paga las rentas que debe. Así, se puede reactivar el contrato de alquiler.

 

Por todo ello, no cabe duda que se trata de una nueva medida encaminada a ser un aliciente para el mercado del arrendamiento pero es innegable que, se da mayor seguridad jurídica al arrendador en perjuicio del inquilino.

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