Céntimo Sanitario

El 1 de enero de 2002 entró en vigor el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, denominado “céntimo sanitario”, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, que en Sentencia de 27/02/2014 declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vulneraba la legislación comunitaria y en concreto la Directiva comunitaria sobre los Impuestos Especiales.

A pesar que la Agencia Tributaria publicó en su sede electrónica el Modelo de solicitud de devolución, los afectados, especialmente transportistas (porque tenían el justificante a través de sus facturas), reclamaron la devolución de los 13.000 millones recaudados entre 2002 y 2011; pero la cantidad a devolver resultó muy inferior por la prescripción de muchos de los ejercicios en los que se aplicó el impuesto, esto es, desde el 01/01/2002 al tercer trimestre de 2009, por lo que no podía recuperarse por la vía del procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Empero sí se podía solicitar por el cauce de la responsabilidad patrimonial de la Administración por vulneración del Derecho comunitario, debiendo presentarse la reclamación, con carácter previo ante el Consejo de Ministros, en el plazo de un año desde la publicación de la Sentencia del TJUE en el DOUE, siendo la fecha límite el 27 de febrero de 2015.

No obstante lo anterior, administrativamente fueron desestimadas las reclamaciones, debiéndose recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía contencioso-administrativa jurisdiccional.

Y es en este año 2016 cuando el Tribunal Supremo está resolviendo la devolución de las cantidades reclamadas. De esta forma, el Tribunal Supremo ha estimado los primeros contencioso-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por el céntimo sanitario: una Sentencia de 27 de enero 2016 y dos Sentencias de 18 de febrero de 2016 (350/2016 y 351/2016).

Al estimar estos recursos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros y reconoce de manera expresa el derecho de la devolución de las cantidades solicitadas, sin que haya necesidad de que la Administración tenga que comprobar en vía administrativa la conformidad de la cantidad solicitada. Además, reconoce los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia.

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